Cómo el diálogo técnico sostenido sacó a las OSFL de la lista de sujetos obligados en Argentina
In this article (in Spanish), Gabriela Pellón examines how a “box-ticking” compliance culture led to the indiscriminate application of AML/CFT regulations to NPOs in Argentina. Through sustained and strategic technical dialogue, the sector helped secure legal reforms that removed NPOs from the list of obliged entities and embedded a more proportionate, risk-based approach.
No fue una sola reunión ni un informe técnico lo que cambió las reglas del juego. Fue la acumulación paciente de muchas acciones pequeñas —llamadas, reuniones, intercambio de evidencia, explicaciones reiteradas— sostenidas en el tiempo y articuladas con una estrategia clara. Esta historia muestra cómo el diálogo técnico bien conducido entre organizaciones de la sociedad civil, autoridades y bancos permitió revertir un enfoque regulatorio desproporcionado y abrir un camino replicable para otros países.
La cultura de "marcar casillas"
En América Latina persiste la percepción de que nuestros países están relativamente al margen del terrorismo internacional. Aunque Argentina fue víctima de dos atentados devastadores (1992 y 1994), durante años predominó una lógica de cumplimiento formal de los estándares internacionales: cumplir hacia afuera, marcar casillas, mientras las prioridades domésticas se concentraban en otros temas.
Más allá de la atención intermitente sobre la zona de la Triple Frontera, el compromiso estatal con la prevención del financiamiento del terrorismo tendió a expresarse en regulaciones de talla única. En ese contexto, las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) quedaron atrapadas en un enfoque pensado originalmente para actores con fines de lucro.
Bajo la presión de la lista gris del GAFI y en una época que consideraba al sector como “particularmente vulnerable” en su conjunto, Argentina aplicó a las OSFL un régimen diseñado para las APNFD. Organizaciones que trabajaban en salud, educación, derechos humanos o asistencia comunitaria comenzaron a enfrentar exigencias administrativas para las que no estaban preparadas.
El escenario se agravó cuando bancos locales e internacionales comenzaron a cerrar cuentas o a exigir medidas de debida diligencia reforzada que replicaban modelos utilizados en otras regiones. Cuentas cerradas sin explicaciones claras, pedidos de información imposibles de cumplir y semanas perdidas en intercambios que no llegaban a ningún decisor pusieron en riesgo donaciones, programas y, en definitiva, a las personas a las que esas organizaciones asistían. Ese desgaste fue el punto de inflexión.
Un camino escarpado, construido mano a mano
Lo que siguió no fue una campaña relámpago, sino una estrategia de incidencia técnica sostenida en el tiempo. Representantes de OSFL, junto con especialistas, comenzaron a recopilar evidencia concreta: casos reales, datos, comparaciones internacionales. Se organizaron mesas técnicas, se visitaron oficinas y se abrieron canales de conversación con actores que inicialmente parecían inaccesibles.
Dos elementos resultaron claves para destrabar el diálogo. El primero fue el ida y vuelta genuino: escuchar las preocupaciones de reguladores y bancos —riesgos, responsabilidades, expectativas internacionales— y, al mismo tiempo, mostrar con ejemplos concretos el impacto negativo de las medidas indiscriminadas. El segundo fue entender el tablero completo: contar con expertos y organizaciones internacionales que ayudaran a anticipar escenarios, leer los tiempos políticos y proponer alternativas viables.
La discusión dejó de ser un simple “esto no funciona” y pasó a centrarse en soluciones: criterios de proporcionalidad, enfoque basado en riesgo y mecanismos para resolver fricciones entre bancos y organizaciones. El respaldo de la Global NPO Coalition on FATF fue decisivo para que esas propuestas técnicas fueran escuchadas. La desconfianza inicial se transformó, gradualmente, en confianza técnica.
Resultados concretos
Con el tiempo, las barreras comenzaron a aflojar. Los compromisos internacionales del país —primero la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo y luego la preparación para la Cuarta Ronda de Evaluaciones— abrieron ventanas de oportunidad para formalizar cambios.
La persistencia de esta estrategia de incidencia permitió que, al momento de modificar la Ley ALA/CFT (Ley 25.246), se incorporaran dos ajustes sustantivos a favor de las OSFL, aprobados en marzo de 2024:
Artículo 20: las OSFL fueron eliminadas de la lista de sujetos obligados.
Artículo 34: las autoridades asumieron la obligación de:
- realizar un análisis específico de riesgos de abuso de las OSFL para la financiación del terrorismo;
- establecer medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados, promoviendo transparencia, integridad y confianza pública;
- definir acciones de mitigación en conjunto con los sectores involucrados.
Estos cambios no solo redujeron la carga administrativa para las organizaciones, sino que confirmaron que el esfuerzo sostenido había valido la pena.
A ello se sumó la aprobación, a fines de 2023, de la primera Evaluación Sectorial de Riesgos de abuso de las OSFL para la financiación del terrorismo. El proceso incluyó instancias de formación técnica, diálogo y trabajo conjunto con organizaciones del sector, autoridades relevantes y asociaciones bancarias, incluyendo jornadas específicas de capacitación. Tanto los resultados como los próximos pasos fueron compartidos con las partes interesadas, fortaleciendo la legitimidad del proceso y promoviendo la retroalimentación.
Lecciones que importan para otros contextos
Esta experiencia demuestra que las reformas necesarias para proteger a las OSFL de usos indebidos no surgen de la noche a la mañana. Requieren diálogo, traducción técnica y la capacidad de construir puentes entre lenguajes distintos. Persistir, escuchar tanto como explicar, sumar experticia y generar confianza con reguladores y bancos fueron claves durante el proceso.
Estas lecciones son especialmente relevantes para países que hoy enfrentan evaluaciones mutuas, presiones internacionales o marcos regulatorios diseñados sin un enfoque basado en riesgo, como ha sido asumido también por las autoridades argentinas en relación con los desafíos de implementación de la Recomendación 8. No hay atajos, pero sí estrategias que funcionan cuando se sostienen en el tiempo.
Queda trabajo por delante: determinar cuál es el organismo mejor preparado para llevar adelante las funciones definidas en el Art. 34, lograr que la proporcionalidad se aplique en la práctica, fortalecer las capacidades de las OSFL y mantener abiertos los canales de diálogo para evitar retrocesos. El cambio ya logrado demuestra que el trabajo paciente y bien orientado puede transformar políticas públicas y devolver el aliento a un sector clave.
Los aprendizajes de este proceso pueden resultar útiles para otros países y actores que hoy enfrentan tensiones similares entre cumplimiento normativo, acceso a servicios financieros y sostenibilidad del sector sin fines de lucro. El diálogo informado y el intercambio de experiencias siguen siendo un punto de partida indispensable.
Datos de la autora
Gabriela Pellón es especialista en incidencia pública para la adecuada implementación de la Recomendación 8 y estándares GAFI. Miembro del Core Group de la Global NPO Coalition on FATF.
