De la reforma a la implementación: las preguntas que empiezan a redefinir la Recomendación 8

A partir de las discusiones desarrolladas durante el evento Análisis en profundidad de la Recomendación 8, realizado en el marco del LIII Pleno de Representantes de GAFILAT en Lima, este artículo explora las preguntas que comienzan a definir la próxima etapa de la implementación regional.

Más que ofrecer respuestas cerradas, invita a reflexionar sobre cómo el aprendizaje entre pares puede transformar experiencias nacionales en referencias útiles para toda la región.

Cinco preguntas que marcaron el diálogo en Lima

¿Cómo cambia la implementación cuando cambia el estándar?

¿Cómo identificar las organizaciones comprendidas por la definición del GAFI?

¿Qué significa realmente pasar de la supervisión al oversight?

¿Cómo proteger al sector sin generar consecuencias no deseadas?

¿Qué puede aprender ahora la región de sus propias experiencias?

Diálogo abierto durante el taller. Lima, 15 de julio de 2026.

Hubo un momento, no hace tanto, en que la pregunta que dominaba cualquier sala sobre la Recomendación 8 era simple: ¿qué cambió?

Dieciocho jurisdicciones latinoamericanas se reunieron en Lima, durante dos jornadas, sin hacerse esa pregunta ni una sola vez.

No porque haya dejado de importar. Porque dejó de ser la pregunta interesante. Lo que se discutió en el Análisis en profundidad de la Recomendación 8 no fue el estándar, sino cómo aterriza en cada país: quién tiene que decidir, y con qué margen real para hacerlo.

Ese desplazamiento —de leer la norma a habitarla— es el mapa que atraviesa todo lo que sigue.

Lima marcó el paso desde la comprensión hacia la implementación. Las dos etapas que siguen —el aprendizaje entre pares y la construcción de referencias regionales— todavía están en pleno desarrollo.

¿Cómo cambia la implementación cuando cambia el estándar?

La reforma no fue un ajuste cosmético. Fue un cambio de supuesto. El modelo anterior partía de sospechar; el modelo revisado parte de medir.

Los números de la cuarta ronda son elocuentes: de dieciocho países, uno solo alcanzó el cumplimiento técnico pleno de la R8; cuatro llegaron a un nivel sustancial de efectividad en el Resultado Inmediato 10. El resto se mueve entre lo parcial y lo moderado. GAFILAT lo admite sin rodeos: la financiación del terrorismo casi nunca fue tratada como un riesgo prioritario en la región, y esa ausencia dejó huecos tanto en la comprensión como en la evidencia.

¿Qué cambió realmente?

La quinta ronda —que México, Cuba, Costa Rica y Honduras ya empezaron a transitar— no va a medir si los países entendieron la reforma. Va a medir si construyeron, con esa comprensión, algo que funcione. Esa pregunta va a definir, en los próximos dos o tres años, la diferencia entre los países que avanzaron y los que solo actualizaron el vocabulario.

¿Cómo identificar aquello que realmente presenta riesgo?

Antes de mitigar nada, hay que responder algo que suena trivial y no lo es: ¿a quién se aplica, en la práctica, la Recomendación 8?

La definición del GAFI es funcional, no jurídica. No importa la forma legal de una organización, importa qué hace: si se dedica principalmente a recaudar o desembolsar fondos para fines caritativos, religiosos, educativos o sociales. Ese "principalmente" es la palabra que más tiempo le ha costado a la región.

Colombia llegó a 132.368 organizaciones potencialmente comprendidas cruzando códigos de actividad económica, y admitió que la clasificación seguía siendo imperfecta. Costa Rica, con un criterio más restringido, llegó a 24.119, sin poder distinguir categorías funcionales en su propio registro. (Panamá y Argentina ensayaron variantes del mismo ejercicio, con resultados igual de parciales.)

Ningún criterio, todavía, resultó definitivo.

Esa ambigüedad no es un vacío que haya que lamentar. Es una decisión, y Austria la resolvió con método: identificó apenas 1.200 OSFL relevantes según la definición del GAFI —menos del 1% de su universo de asociaciones— y señaló 80 en riesgo. Fue, junto con Singapur, uno de los dos primeros países en alcanzar el cumplimiento pleno bajo la quinta ronda.

El denominador común no es el método. Es la disciplina de partir de evidencia, no de supuestos.

Delimitar el universo, sin embargo, es apenas la primera pregunta. La que va a dividir más a la región en los próximos años es la segunda: qué hacer una vez que se sabe, con evidencia, a quién se está mirando.

¿Qué significa realmente pasar de la supervisión al oversight?

Hay una palabra que la Recomendación 8 revisada eliminó a propósito: supervisión. En su lugar, vigilancia y monitoreo. No es un matiz de traductor. La Nota Interpretativa es explícita: las OSFL no son sujetos obligados, no reportan operaciones sospechosas, no se les exige debida diligencia sobre sus donantes como si fueran bancos.

Panel sobre vigilancia sin supervisión. LIII Pleno de GAFILAT, Lima

Pero nombrar lo que no se debe hacer es la parte fácil. La pregunta que queda —y que ningún país puede tercerizar— es institucional: ¿quién, dentro de la arquitectura ya existente, tiene el mandato para ejercer el oversight? Unidad de inteligencia financiera, autoridad fiscal, organismo regulador especializado, mecanismos de autorregulación con reconocimiento estatal: el menú es amplio. Lo que casi ningún país de la región tiene todavía es una respuesta consolidada.

Guatemala ofrece una primera aproximación. Su nueva legislación dejó de considerar a las organizaciones sin fines de lucro como Personas Obligadas y, al mismo tiempo, incorporó mecanismos específicos para proteger al sector frente al abuso para el financiamiento del terrorismo. El desafío ahora ya no es el cambio legislativo, sino observar cómo esas nuevas herramientas dialogan, en la práctica, con los principios de proporcionalidad y enfoque basado en riesgo que la reforma del GAFI buscó reforzar. Más que una respuesta definitiva, la experiencia guatemalteca sugiere que implementar la Recomendación 8 no consiste únicamente en eliminar obligaciones. Consiste en construir una institucionalidad distinta.

Y es precisamente ahí donde la implementación deja de ser un ejercicio normativo para convertirse en una decisión de política pública.

¿Cómo proteger sin generar nuevas barreras?

El GAFI lleva varios años estudiando un fenómeno incómodo: las consecuencias no deseadas que pueden surgir cuando sus estándares se implementan sin un enfoque genuinamente basado en riesgo. Desde 2021, ese análisis ha puesto el foco en el de-risking, la exclusión financiera, el tratamiento indebido de las organizaciones sin fines de lucro y la afectación de derechos derivada de una aplicación desproporcionada de las medidas ALA/CFT. El mensaje es claro: el problema no siempre está en el estándar. Muchas veces está en su implementación.

Ese fue, precisamente, uno de los ejes que estructuró el diálogo en Lima.

Es la cuenta bancaria que se cierra sin una evaluación individual del riesgo. Es la organización humanitaria sometida a exigencias que no guardan relación con la naturaleza de sus actividades. Es una evaluación mutua utilizada para justificar medidas que la Recomendación 8 nunca exigió. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser la norma. Pasa a ser su implementación.

Responder a ese desafío exige algo más que identificar amenazas y vulnerabilidades. Exige reconocer también los factores que ya contribuyen a mitigarlas.

España ofrece, en este punto, una referencia particularmente interesante. Su análisis sectorial de 2025 deja de tratar a las organizaciones sin fines de lucro como un bloque homogéneo y construye una evaluación diferenciada según el perfil de riesgo de las distintas categorías de organizaciones. Pero su aporte más innovador aparece después. El análisis reconoce expresamente mecanismos voluntarios de autorregulación —como el sello Dona con Confianza de la Fundación Lealtad— como factores que contribuyen a mitigar el riesgo. No los considera una nota al margen. Los incorpora al propio análisis.

Las experiencias que comenzaron a discutirse en Lima muestran que esa lógica puede materializarse de formas diferentes. Mientras algunas jurisdicciones avanzan hacia evaluaciones cada vez más diferenciadas del riesgo entre organizaciones, otras exploran mecanismos de certificación, acreditación o autorregulación capaces de generar señales objetivas de confianza. No existe un modelo único, ni el estándar pretende imponerlo. Lo que empieza a consolidarse es una idea distinta: una implementación verdaderamente basada en riesgo exige valorar tanto las vulnerabilidades como las medidas de mitigación que ya existen dentro del propio sector.

Cinco conversaciones que recién empiezan

Ni una sola de las cinco preguntas que abrió este texto se cerró en Lima. Y esa es, quizás, la mejor noticia: significa que la conversación sigue viva.

Ninguna de estas respuestas surgió de una presentación individual. Surgieron del contraste entre experiencias nacionales muy distintas. Ese intercambio —propiciado por GAFILAT en conjunto con la EU AML/CFT Global Facility y la Cooperación Alemana (GIZ) a través de su Programa para Combatir los Flujos Financieros Ilícitos (GP IFF) fue, probablemente, uno de los principales aportes del encuentro: convertir experiencias aisladas en aprendizaje colectivo.

Las próximas evaluaciones de México y Costa Rica serán observadas con atención mucho más allá de sus fronteras. No porque vayan a cerrar el debate, sino porque pueden convertirse en las primeras referencias regionales sobre cómo implementar la Recomendación 8 revisada. Si eso ocurre, el aprendizaje dejará de viajar únicamente desde otras latitudes. También empezará a construirse desde América Latina.

El mapeo regional de riesgos de financiamiento del terrorismo que impulsa GAFILAT podría convertirse, si se concreta, en la primera base de evidencia verdaderamente comparable de la región. No para copiar respuestas de otras latitudes, sino para que América Latina deje de mirarse en espejos ajenos y empiece a reconocerse en su propia evidencia.

Pero esa no era, en realidad, la pregunta más interesante.

La verdadera pregunta es otra: ¿en qué momento estos encuentros dejan de ser espacios para interpretar un estándar y empiezan a convertirse en el lugar donde ese estándar se implementa colectivamente? Lima no ofreció una respuesta definitiva. Ofreció algo más valioso: la evidencia de que el conocimiento sobre la Recomendación 8 ya no circula en un solo sentido. Empieza a construirse horizontalmente, entre jurisdicciones que comparten desafíos, contrastan soluciones y, poco a poco, generan sus propias referencias.

Participantes del Análisis en profundidad de la Recomendación 8. Lima, julio de 2026.

Las respuestas regionales todavía están en construcción. Precisamente por eso importa seguir formulando las preguntas correctas. Porque, cuando un estándar cambia, el verdadero desafío ya no consiste en interpretarlo, sino en aprender —colectivamente— a implementarlo.

Datos de la autora

Gabriela Pellón es consultora internacional en prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y organizaciones sin fines de lucro. Miembro del Core Group de la Global NPO Coalition on FATF. Experta EU GF.

La autora participó como experta y moderadora del evento "Análisis en profundidad de la Recomendación 8", realizado en el marco del LIII Pleno de Representantes de GAFILAT en Lima, Perú.