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Experiencias, desafíos y oportunidades en América Latina en tiempos de COVID-19

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In this article (in Spanish), Gabriela Pellón presents initiatives conducted at the regional and local levels in Latin America that can be replicated and inspire stakeholders to build synergy in the challenging task of complying with FATF's Recommendation 8. 

Written by Gariela Pellón, AML/CFT expert and member of the Expert Hub of the Global NPO Coalition on FATF

A menudo los representantes de ONGs deben lidiar con numerosos obstáculos que los bancos y agencias de gobierno colocan en su camino mientras intentan recaudar y/o ejecutar fondos imprescindibles para llevar a cabo sus misiones caritativas. Dichas trabas ponen en constante peligro tanto la implementación de programas como la relación con la comunidad de donantes.

Muy pocos conocen cuales son las razones detrás de la parafernalia de obligaciones y requerimientos que se exigen a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL). Reguladores, supervisores y oficiales de cumplimiento en materia antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) han incrementado sus requerimientos a las OSFL en los últimos años. Sin embargo, dichas medidas no fueron fundadas en una preocupación genuina a partir de riesgos identificados en este sector sino más bien en el desconocimiento y la falta de familiaridad hacia este tipo de actividad. Por su parte, las OSFL cuentan con limitadas capacidades para estar alertas ante potenciales abusos y escasos recursos para poner en práctica políticas y procedimientos establecidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y exigidos por los bancos.

Al final del día, el espacio cívico resulta cada vez más restringido por políticas ALA/CFT que –intencionadamente o sin darse cuenta– terminan debilitando las capacidades de las entidades caritativas para cumplir con sus misiones. En un escenario protagonizado por el COVID-19 los gobiernos de América Latina han identificado nuevos riesgos y vulnerabilidades en los sistemas Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento al Terrorismo, entre los cuales se destaca el abuso de las entidades benéficas para fines delictivos.[1] Tales circunstancias amenazan seriamente con profundizar la estigmatización del sector sin fines de lucro como un vehículo que es de alto riesgo para ser usado para lavar dinero o financiar terrorismo. Todo ello sin sustento probatorio alguno.

En este artículo se presentarán iniciativas conducidas a escala regional y local en América Latina que pueden replicarse e inspirar a las partes interesadas a trabajar sinérgicamente en el gran desafío que supone el cumplimiento con la Recomendación 8 del GAFI. Seguidamente se abordarán algunas consideraciones clave para que las OSFL cierren filas ante consecuencias asociadas con regulaciones y controles más estrictos que los gobiernos y los bancos de la región pretenden imponer bajo pretexto de robustecer sus sistemas preventivos en tiempos de COVID-19.

 

Algunas notas sobre el pasado más reciente

A partir de los atentados en París a fines de 2015 la lucha contra el financiamiento del terrorismo se convirtió en prioridad para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Desde entonces las Recomendaciones 5 “Delito de Financiamiento del Terrorismo”, 6 “Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo” y 8 “Organizaciones sin fines de lucro “cobraron un marcado protagonismo. El GAFI urgió a su Red Global conformada por más de 200 jurisdicciones a dar respuestas concretas ante la amenaza terrorista.[2] La creación de organizaciones benéficas falsas y el abuso de OSFL legítimas que sin el conocimiento de sus donantes y/o directivos pueden ser usadas para canalizar dinero hacia terroristas ha constituido una gran preocupación para los miembros del GAFI.

En respuesta a esta demanda de la comunidad financiera global numerosos países que debían afrontar los procesos de evaluaciones mutuas se inclinaron por adoptar legislaciones sumamente restrictivas para el conjunto de OSFL con la excusa de estar aplicando la Recomendación 8.[3] Por su parte los bancos elevaron las exigencias dirigidas a las OSFL obstaculizando seriamente el uso de canales financieros regulados para hacer transacciones[4]. Este fenómeno - más conocido como bank de-risking - se evidenció tempranamente en algunos países europeos y a partir de 2017 alcanzó – en distintos grados- a las OSFL en América Latina.

 

Iniciativas lideradas por colectivos de OSFL en América Latina

A medida que los Estados profundizaban las medidas y regulaciones antiterroristas a instancias del GAFI, las OSFL enfrentaban serios y crecientes obstáculos para recaudar fondos y ejecutar sus programas. En la mayoría de los casos, sus directivos no vinculaban esta nueva ola de regulaciones y restricciones financieras con los compromisos asumidos por sus gobiernos ante el GAFI.

Con el apoyo de miembros de la Global NPO Coalition on FATF (Coalición Global) como el International Center For Not-For-Profit Law (ICNL) se facilitaron talleres de sensibilización y fortalecimiento de capacidades dirigidos a líderes y referentes de OSFL en Latinoamérica a partir de 2017. Dichos espacios resultaron fructíferos en la medida que permitieron entender la problemática que afectaba a las OSFL como parte de un fenómeno más amplio. Los representantes de OSFL llegaban a dichos talleres con la convicción de que las dificultades que atravesaban para operar con bancos se debían a falencias propias de sus organizaciones que no disponían de recursos idóneos para comprender e implementar adecuadamente las demandas de información y documentación exigidas por las entidades financieras. Asimismo, se puso en evidencia que las OSFL que revestían carácter de Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera local podían cumplir o no con sus obligaciones en materia ALA/CFT, pero cuando lo hacían era de forma mecánica al solo efecto de prevenir sanciones de organismos supervisores. Finalmente, en estas instancias de intercambio se verificó la carencia de guía y lineamientos dirigidos a OSFL por parte de las autoridades de gobierno.

A comienzo de 2018 se puso en acción el Expert Hub on AML/CFT creado por líderes de la Coalición Global e integrado por 16 referentes ligados al sector sin fines de lucro en representación de distintas regiones del mundo. Expertos de Argentina, Brasil y México han participado activamente en ese ámbito para asegurar que las voces de las entidades caritativas sean efectivamente escuchadas por autoridades de gobierno, funcionarios de bancos y representantes del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT).[5]

A escala regional los esfuerzos de acercamiento con la Secretaría Ejecutiva de GAFILAT, que tiene su sede en Buenos Aires, han facilitado la construcción de un vínculo de cooperación y confianza. Miembros del Expert Hub de Argentina, México y líderes de la Coalición Global han participado en numerosos eventos invitados por GAFILAT. Entre ellos cabe mencionar cursos sobre financiación del terrorismo en 2018 y 2019 celebrados en Uruguay, Honduras y México, el “Taller Regional sobre la Implementación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y de-risking” celebrado en marzo pasado en Cuba, así como intervenciones en Plenos de Representantes desde 2018 y los trabajos conjuntos en el marco del Grupo de Trabajo sobre Financiamiento del Terrorismo. La presencia sostenida de miembros de la Coalición Global en actividades conducidas por GAFILAT ha posibilitado que las preocupaciones y demandas de las OSFL de la región sean incluidas en la agenda de ese Organismo conformado por 17 países[6]. Al mismo tiempo se ha elevado el nivel de conciencia de las autoridades gubernamentales con relación a las restricciones y obstáculos que el sector enfrenta y se han explorado vías de solución en conjunto. Desde comienzo de 2020 GAFILAT y miembros de la Coalición Global colaboran en un ejercicio de Mapeo Regional de Riesgos de FT en el sector sin fines de lucro con el firme objetivo de asistir a funcionarios de agencias reguladoras, supervisores y representantes de OSFL en un adecuado cumplimiento de la Recomendación 8.

Las iniciativas en la esfera local fueron conducidas por miembros del Expert Hub de Argentina, México y Estados Unidos. A continuación, se describen los resultados alcanzados. En primer lugar, cabe mencionar la Iniciativa latinoamericana frente a las restricciones legales y financieras a las organizaciones civiles sin fines de lucro liderada por miembros del Expert Hub de Argentina y México que contó con el apoyo técnico de miembros de la Coalición Global y se implementó entre 2018 y 2019.

En Argentina y México se llevaron adelante evaluaciones sectoriales de riesgos de Financiamiento de Terrorismo, Lavado de Activos & Corrupción paralelas y simultáneas. El ejercicio -que utilizó una metodología desarrollada por Greenacre Group- exploró las percepciones de referentes de OSFL sobre los riesgos reales y eventuales mitigadores. Sus hallazgos fueron compartidos con las autoridades competentes de los citados países y las autoridades del GAFILAT con el objetivo de aportar conocimiento específico y recomendaciones para el diseño de normas y mecanismos aplicables a las OSFL. Asimismo, los resultados de sendos estudios fueron presentados en la Universidad ORT en la Ciudad de México en octubre de 2019 y discutidos con líderes de ONGs locales. En Argentina los resultados de la autoevaluación fueron diseminados ampliamente mediante redes y colectivos de OSFL a lo largo del país.[7]

Hallazgos recopilados en Argentina

  • La comprensión en Argentina del riesgo de FT, lavado de activos (LA) y corrupción con relación al sector de OSFL es muy limitada. Argentina tiene un sector de OSFL amplio y diverso, compuesto de una variedad significativa de entidades que son reguladas y fiscalizadas por distintas agencias gubernamentales, con bajo nivel de articulación entre sí, lo que genera una excesiva carga para el funcionamiento de las OSFL.
  • Al momento de la redacción del informe las autoridades competentes no habían realizado un examen del sector de OSFL para identificar al subconjunto de organizaciones que entran en la definición del GAFI ni habían reconocido las características y tipos de OSFL que tienen probabilidades de estar en riesgo específico de uso indebido para el FT. Aunque las autoridades de gobierno han sido perceptivas de las demandas de las OSFL en este ámbito, no han impulsado a la actualidad estudios estratégicos y sectoriales fundados en evidencias orientados a comprender la realidad del sector y brindar información y lineamientos relevantes sobre los riesgos de FT/LA y corrupción.
  • Argentina no revisó la adecuación de las normas, medidas y mecanismos ALA/CFT para las OSFL. Esto le impide al país aplicar medidas efectivas, focalizadas y proporcionales al segmento de OSFL vulnerables al uso indebido para fines delictivos, conforme al enfoque basado en riesgos. En su lugar todavía está vigente una norma de talla única, establecida en 2011, que considera al sector como “particularmente vulnerable”, le impone elevadas exigencias que están fuera del alcance de la mayor parte de las OSFL y en evidente contraposición a lo requerido por la R.8.  Asimismo, si bien las autoridades tienen facultades legales adecuadas para recabar información relevante de las OSFL, no se adoptaron aún medidas tendientes a ajustar los procedimientos de supervisión y monitoreo con un enfoque basado en riesgo como se ha probado en el desarrollo de los casos testigo.
  • La falta de acercamiento e interacción sostenida con el sector de OSFL para comprender y mitigar en forma eficaz los riesgos que podrían enfrentar ha afectado negativamente el acceso de las entidades a los servicios financieros. Los bancos se apegan al cumplimiento formal de la norma y ante la carencia de lineamientos específicos para abordar al sector lo consideran como un conjunto homogéneo y “particularmente vulnerable” a los riesgos de FT, LA y corrupción y rechazan y/o dificultan las transacciones de las OSFL. Las restricciones y obstáculos que enfrentan las OSFL -en especial las más pequeñas - para operar con las instituciones financieras las ha empujado a usar canales menos regulados e incrementar el uso de efectivo para poder llevar a cabo sus misiones en desmedro de la trazabilidad y la transparencia en la gestión de los fondos.

 

Hallazgos recopilados en México

  • Las OSFL en México no cuentan aún con un conocimiento amplio y preciso sobre las normas en contra del financiamiento al terrorismo (FT) y lavado de activos (LA). Para el caso de las organizaciones con ingresos que superan los umbrales requeridos por la autoridad para reportar información el conocimiento es mayor. No obstante, el conocimiento se centra en las obligaciones y disminuye significativamente cuando se habla del origen y el impacto que las normas pueden provocar en ellas, a pesar de sufrir efectos negativos. Existe poca comprensión de las razones para encontrarse bajo una sobre regulación, aun cuando las organizaciones ya se encuentran supervisadas por la autoridad hacendaria con una fuerte carga administrativa, en especial las que cuentan con el estatus de donataria autorizada.
  • Durante el ejercicio de la ENR la autoridad no realizó un acercamiento real a las OSFL, ya que reportó solo haber tenido consultas con dos organizaciones. Este hecho resta mucho a la validez de la evaluación gubernamental con respecto a las organizaciones civiles, misma que identificó como riesgo bajo/medio a los donativos en su relación con LA y no encontró evidencia de riesgo para FT (ENR, 2018). Al momento de realizar esta publicación se tenía conocimiento, mas no copia, del proceso de realización de la segunda ENR, la cual en apariencia realizó consultas a un número mas amplio de organizaciones. Es de esperar que tome en cuenta varias de las recomendaciones realizadas por la IEM, en particular en la participación de las OSFL. Es igualmente importante basarse en la interpretación actualizada por el GAFI de la Recomendación 8 (R8) específica para las OSFL, misma en la cual se basará el futuro ejercicio de evaluación mutua.
  • Las autoridades no han habían identificado criterios que permitan identificar organizaciones que pudieran encontrarse bajo mayor riesgo y si lo han hecho no han publicado aún sus hallazgos. Es preciso generar un enfoque diferenciado del riesgo dentro del mismo sector de las OSFL ya que, por ejemplo, las organizaciones con mayores ingresos, mismas que en apariencia pudieran presentar un mayor grado de vulnerabilidad, son también algunas de las que poseen buenas prácticas de control financiero que actúan como mitigadores.
  • No se ha revisado la adecuación de las normas, medidas y mecanismos contra el FT y LA para las OSFL. Por lo tanto, la legislación actual no está diseñada con medidas específicas para la protección de las organizaciones civiles y si para ejercer un control que no se encuentra diferenciado de otros sujetos obligados, estos de naturaleza lucrativa. Esta situación impone obligaciones indiscriminadas sin emplear un enfoque de riesgo diferenciado y basa toda su estrategia en establecer obligaciones con sanciones que pueden poner en riesgo la existencia de las organizaciones en lugar de protegerlas. Desafortunadamente, la iniciativa de reforma generada en 2019 para la denominada Ley antilavado (principal instrumento normativo en el tema) mantiene la misma perspectiva. No está basada en una evaluación específica del riesgo para el sector de las OSFL, repite los esquemas de obligaciones generales sin diferenciar niveles de riesgo e inclusive impone nuevas obligaciones. Era un procedimiento mucho más efectivo el haber esperado a los resultados de una segunda ENR antes de realizar cualquier propuesta de reforma.
  • Dentro de la publicación (en 2019) de la Guía para la Evaluación del Riesgo de FT elaborada por el GAFI, y realizada bajo consultas con representantes de OSFL a nivel global, se realiza un especial énfasis a los gobiernos para no considerar a las OSFL, en general, bajo riesgo de abuso de FT o LA de forma inherente, y considerar la importancia de las prácticas de administración financiera y procedimientos de transparencia y rendición de cuentas ya implementadas por las propias organizaciones. La mayoría de estos procesos están dirigidos a generar transparencia y rendición de cuentas con donantes, consejos directivos, autoridades diversas y público en general, mismas que disminuyen su exposición al riesgo.
  • Se ha enfatizado a los gobiernos la necesidad de incentivar el uso de canales financieros regulados en un contexto global en el que diversos estudios han demostrado una exclusión progresiva de las OSFL del sector bancario. Tendencia que se repite en diversos países de América Latina y que está confirmada para los países incluidos en este estudio. Tenemos conocimiento de casos de diversas organizaciones a las que se las ha negado la apertura de cuentas, se les ha obstaculizado el servicio o inclusive se les han cancelado cuentas sin que medie una causal al respecto. Consideramos que una inadecuada interpretación de la antigua R8, aunado a un desconocimiento de los procesos de debida diligencia a OSFL y la falta de consideración a la importancia económica del sector no lucrativo en México, han facilitado que los corporativos bancarios hayan decidido – en una política no explícita – excluir parcial o totalmente a las OSFL. Esta exclusión no ha distinguido entre nuevas organizaciones y antiguas ya que incluso organizaciones con cuentas activas han experimentado dificultades inusuales para la apertura de cuentas y el acceso a servicios bancarios por lo menos desde 2017.

En segundo lugar, se condujo un proyecto en Argentina denominado “Fortaleciendo a las OSFL en Argentina para mitigar el impacto del bank de-risking” que fue implementado en dos etapas durante 2018 y 2019 con el apoyo técnico de ICNL y en articulación con Sociedad Civil en Red (que agrupa federaciones y redes de la sociedad civil argentina).

Como parte de la fase I, se llevaron a cabo dos rondas de capacitaciones dirigidas a concientizar a las OSFL residentes en Ciudad de Buenos Aires y alrededores, Salta, Misiones y Santa Fe respecto de la vinculación entre GAFI, recomendación 8, regulación local antilavado y contra el financiamiento del terrorismo, de-risking y sociedad civil. En simultáneo se impulsó un proceso de diálogo multisectorial -que integró a autoridades de gobierno a nivel nacional, provincial y municipal y funcionarios de bancos- sobre el impacto de las leyes y políticas ALA/CFT en las organizaciones sin fines de lucro argentinas y se puso foco en la necesidad de reformas habilitadoras de un entorno legal, operativo y financiero más inclusivo. En paralelo se condujo un proceso de recopilación de evidencias sobre restricciones financieras  a entidades caritativas.

Como parte de la fase II del proyecto se puso énfasis en la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil situadas en Ciudad de Buenos Aires, Posadas, Salta, Resistencia y Neuquén. Para la implementación de los talleres se prepararon presentaciones con contenidos sobre la Recomendación 8, buenas prácticas de GAFI para OSFL, resultados de la investigación conducida en 2018 sobre el impacto de la regulación UIF, dificultades ocasionadas por el de-risking y la importancia de la redacción de una guía de recomendaciones como herramienta para mitigar los problemas con los bancos. Además, se articularon encuentros de diálogo a través de mesas multisectoriales de trabajo promoviendo la participación de funcionarios, representantes de bancos, profesionales y asesores de OSFL y referentes de organizaciones sociales.

El proyecto alcanzó el acuerdo sobre la redacción de una Guía de Recomendaciones Prácticas para Organizaciones Sin Fines de Lucro en materia ALA/CFT en la que contribuyeron las distintas partes interesadas. La Guía es fuente de referencia para las OSFL que deseen mejorar su comprensión respecto de políticas y procedimientos ALA/CFT y una valiosa herramienta para poder operar con los bancos. En noviembre de 2019 con el apoyo de la Universidad Austral se llevó a cabo un seminario en el que se presentaron los contenidos de la Guía con la participación de expertos, referentes de OSFL y representantes de asociaciones bancarias.[8]

Finalmente, cabe mencionar el “Taller Regional sobre Estándares GAFI y OSFL” organizado por ICNL en articulación con miembros del Expert Hub de Argentina y México que se desarrolló entre el 2 y el 5 de diciembre de 2019 en Arequipa, Perú. Participaron del evento representantes de 11 países de América Latina que tuvieron oportunidad de profundizar sus conocimientos sobre estándares internacionales de GAFI a través de una metodología participativa con secuencias de presentaciones de expertos y trabajo en grupo. Las jornadas de reflexión y debate se cristalizaron en una declaración suscripta por todas las delegaciones presentes que fue formalmente comunicada a las autoridades del GAFILAT para la divulgación entre sus miembros. A continuación, el texto completo de la citada declaración.

¿Qué podemos hacer las OSFL en América Latina para proteger nuestros intereses y hacer oír nuestras demandas en tiempos de COVID-19?

En la actualidad el GAFI reconoce los esfuerzos de la comunidad de OSFL para promover la transparencia dentro de sus operaciones y para prevenir el mal uso del sector, incluida la prevención del Financiamiento del Terrorismo. También es consciente de que muchos gobiernos necesitan mejorar el cumplimiento de la Recomendación 8 y trabajar de forma colaborativa con las OSFL y los bancos para abordar los problemas de acceso a los servicios financieros.

Si bien el GAFI ha estado activo en la clarificación de los estándares internacionales para evitar malentendidos que puedan contribuir al bank de-risking y ha publicado documentos de orientación sobre inclusión financiera aún subyace una honda brecha entre metas de implementación de estándares ALA/CFT e inclusión financiera [9]

Los esfuerzos de promoción de los miembros de la Coalición Global - para destacar el problema de las dificultades de acceso financiero para las organizaciones sin fines de lucro- han logrado permear las agendas de dos de los grupos de trabajo del G20: Arquitectura Financiera Internacional (IFA por sus siglas en inglés) y Local2Global durante 2019. Por su parte las acciones de incidencia directa a través de la participación en el Foro Consultivo del Sector Privado de GAFI alienta a los gobiernos miembros del GAFI respecto de la importancia de involucrar a las OSFL en los procesos de evaluación mutua y evaluaciones nacionales de riesgo, así como en la discusión de regulaciones y medidas que se apliquen al sector. Asimismo, estas instancias son sumamente valiosas para emitir feedback sobre estudios y guías impulsados por el GAFI que afectan a las organizaciones de la sociedad civil.[10]

En tiempos de pandemia las entidades caritativas de la región están más activas que nunca atendiendo situaciones de emergencia en distintos planos. Simultáneamente deberán estar atentas ante nuevas barreras que las entidades financieras y agencias supervisoras impongan con el pretexto de mitigar riesgos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo o corrupción provenientes de entidades benéficas falsas o del abuso entidades legítimas.

Una estrategia inteligente para abordar los desafíos que las OSFL tienen por delante debe fluir y reforzarse mutuamente en dos niveles.

A nivel nacional, las OSFL deben cerrar filas frente a restricciones regulatorias, operativas y/o financieras que puedan surgir o profundizarse con la certeza que:

  1. El GAFI ha reconocido reiteradamente que no todas las OSFL son de alto riesgo e incluso muchas pueden no estar expuestas al riesgo en absoluto.
  2. El GAFI insta a los gobiernos a utilizar un enfoque basado en riesgo sustentado en evidencias y a promover como medidas mitigadoras la implementación de buenas prácticas de gobernanza interna y de gestión financiera.
  3. El GAFI no exige a los gobiernos y entidades financieras que mitiguen riesgos a través de regulaciones de talla única y la aplicación de procesos de debida diligencia reforzados para las OSFL.

A nivel regional y global, los referentes de redes de OSFL deben establecer mecanismos de articulación y apoyo mutuo con miembros del Expert Hub de la Coalición Global en Latinoamérica para:

  1. Recopilar evidencias acerca de restricciones regulatorias y/o prácticas de bank de-risking que afecten al sector y buscar asistencia de expertos regionales que pueden transmitir sus reclamos a través de canales regulares con GAFILAT y GAFI
  2. Crear conciencia y fortalecer capacidades necesarias para impulsar demandas favorables al sector. Compartir conocimientos, especialmente capitalizando las experiencias de otros colectivos en la región y a nivel global.
  3. Cooperar y potenciar los esfuerzos conjuntos de incidencia hacia GAFILAT, GAFIC y otros organismos con base en las Américas.

En suma, se requiere un alto grado de compromiso por parte de los colectivos y redes de OSFL para impedir  que los gobiernos pretendan cumplir con los estándares internacionales del GAFI a expensas de limitar y/o obstaculizar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Un número creciente de referentes de OSFL, funcionarios de gobiernos locales y representantes de organismos internacionales han comenzado a percibir las ventajas de alinear intereses y han dado los primeros pasos para trabajar de forma complementaria para alcanzar sus objetivos. Será menester sostener y alimentar las acciones iniciadas a través de una estrategia concertada a distintos niveles en favor de un entorno cívico más habilitante para las entidades caritativas latinoamericanas.

 

Fuentes:

[1] El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) recogió aportes de sus 17 países miembros y emitió un comunicado sobre COVID-19 y riesgos ALA/CFT asociados: https://www.gafilat.org/index.php/es/espanol/19-noticias/102-comunicado-del-gafilat-sobre-covid-19-coronavirus

[2] Ver discurso de David Lewis, Secretario Ejecutivo del GAFI http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/speech-cft-conference-nov-2018.html

[3] Ver http://fatfplatform.org/wp-content/uploads/2015/10/Catalogue-of-government-overregulation-July-2015_final-.pdf

[4] Existen diversos estudios que recopilaron evidencias sobre rechazos a la apertura de nuevas cuentas, impedimentos para procesar transacciones e incluso cierres de cuentas bancarias de forma abrupta y sin razón aparente. Ver http://fatfplatform.org/wp-content/uploads/2018/05/Understanding-the-Drivers-of-De-Risking-and-the-Impact-on-Civil-Society-Organizations_1.pdf y https://charityandsecurity.org/csn-reports/FinAccessReport/

[5] http://fatfplatform.org/announcement/aml-cft-expert-hub/

[6] La lista de países miembro se encuentra en sitio oficial de GAFILAT https://www.gafilat.org/index.php/es/

[7] http://derechososc.org.mx/wp-content/uploads/2019/12/two-pager.pdf

[8] http://fatfplatform.org/announcement/multistakeholder-dialogue-on-bank-derisking-in-argentina/

[9] http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/financial-inclusion-cdd-2017.html

[10] Último boletín: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/private-sector-may-2019.html